Bonificar el IBI se ha convertido en una de las principales demandas de las asociaciones vecinales de Madrid ante la nueva bajada del impuesto prevista para 2026. La ciudad vive una crisis de vivienda que afecta a miles de familias, y los colectivos ciudadanos creen que el IBI puede ser una herramienta clave para aliviar la presión económica y mejorar el acceso a una vivienda digna.
Una rebaja del IBI que no resuelve la crisis de vivienda
El Ayuntamiento ha anunciado una reducción del tipo impositivo del 0,428% al 0,414%. Este ajuste supone un ahorro estimado de 30,8 millones de euros para los madrileños. Sin embargo, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) considera que la medida es insuficiente porque no aborda el gran problema: la falta de vivienda asequible.
Según este colectivo, el impuesto puede jugar un papel importante si se orienta hacia políticas sociales efectivas. Por eso plantean una reforma que permita bonificar el IBI de forma estratégica y penalizar a los grandes tenedores que mantengan pisos vacíos durante largos periodos.
Incentivos para VPO y alquiler asequible
La Fravm propone bonificar el IBI de las viviendas de protección oficial con una reducción del 50% durante los cuatro primeros años. El descuento descendería al 30% en el quinto año y al 10% en el sexto. El objetivo es facilitar la estabilidad económica de estos hogares y reducir el coste de acceso a la vivienda protegida.
Para los residentes de inmuebles gestionados por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) o entidades privadas vinculadas a programas de alquiler asequible, la propuesta es más ambiciosa: una bonificación del 95%. La misma medida se extendería a locales de entidades sociales, que desempeñan funciones clave en barrios de toda la ciudad.
Nuevos criterios para familias numerosas y hogares con discapacidad
En 2026 más de 36.000 familias madrileñas accederán a deducciones por familia numerosa, que alcanzan hasta el 90% según el valor catastral. No obstante, la Fravm plantea cambiar el sistema para hacerlo más justo.
Proponen equiparar los hogares con algún miembro con discapacidad superior al 33% a las familias numerosas de categoría especial. También sugieren evaluar las bonificaciones según la renta familiar y no según el valor del inmueble, algo que beneficiaría a miles de hogares con ingresos ajustados.
Ayudas para los colectivos más vulnerables
Otro punto central de las alegaciones es crear un programa municipal que cubra al menos la mitad del impuesto para personas con ingresos inferiores a tres veces el IPREM, unos 25.200 euros al año. Entre los beneficiarios estarían pensionistas, desempleados, perceptores del Ingreso Mínimo Vital, víctimas de violencia de género y familias monoparentales.
La gestión de estas ayudas recaería en las áreas municipales de Hacienda y Políticas Sociales para garantizar rapidez y coordinación. La idea es evitar que el pago del IBI suponga una carga excesiva en hogares ya castigados por el coste de la vida.
Recargos para pisos vacíos y excepciones justificadas
La Fravm propone aplicar recargos a las viviendas vacías durante más de dos años. El incremento sería del 100% si el periodo supera los tres años y alcanzaría el 150% para propietarios con varias viviendas vacías. Según los vecinos, esta medida podría liberar cientos de pisos en desuso y ampliar la oferta de alquiler asequible.
Exenciones para situaciones especiales
Los recargos no se aplicarían a viviendas en reformas, inmuebles en ruina o propiedades vinculadas a actividades económicas como hostelería o comercio. También quedarían exentos los inmuebles cuyos titulares hayan fallecido recientemente o aquellos vinculados a personas dependientes o residentes en centros de mayores.
Además, una vivienda vacía quedaría libre de recargo si se alquila durante al menos nueve meses y se depositan las fianzas correspondientes.
Las propuestas para bonificar el IBI buscan equilibrar el esfuerzo fiscal y ofrecer soluciones reales a una ciudad con una creciente demanda de vivienda asequible. Las asociaciones vecinales reclaman un enfoque más social que desincentive los pisos vacíos y apoye a quienes más lo necesitan. Madrid encara 2026 con una oportunidad clave para ajustar el IBI a las necesidades de la ciudadanía.
