Con esta nueva legislación, el Gobierno de Francia refuerza la protección a niños y adolescentes en internet, mientras sitúa a su país en medio de un debate en la Unión Europea sobre el acceso temprano a plataformas digitales
El Parlamento francés ha respaldado el último martes 21 de julio definitivamente esta norma tras su aprobación en el Senado y la Asamblea Nacional. El Gobierno galo prevé aplicar la prohibición a las nuevas cuentas creadas desde el 1 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. Las plataformas dispondrán después de cuatro meses para adaptar las cuentas existentes a las nuevas exigencias legales. Por tanto, la aplicación completa de esta nueva normativa está prevista para el 1 de enero de 2027. Este calendario supone un gran desafío a nivel técnico para las grandes compañías digitales. Estas empresas deberán implantar mecanismos capaces de comprobar la edad de los usuarios sin vulnerar las normas sobre privacidad y protección de datos. Ese equilibrio será una de las claves para determinar la eficacia real de la medida.
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¿Qué redes sociales estarán afectadas?
Se prevé que la restricción afecte a las redes sociales utilizadas habitualmente por los adolescentes tales como TikTok o Instagram. Estas plataformas tendrán que incorporar sistemas adecuados para impedir el acceso de usuarios que no alcancen la edad mínima. Sin embargo, la aplicación de estas condicionales puede ser más compleja en servicios que combinan diferentes funciones. En este sentido, aplicaciones como YouTube que permiten visualizar vídeos, pero también ofrece canales, comentarios y otras herramientas propias de una comunidad social podrían quedar sujetas a controles de edad, mientras otras actividades podrían mantenerse accesibles.
Una situación similar puede producirse con aplicaciones como WhatsApp. Estas plataformas de servicios de mensajería que ofrecen una comunicación privada entre usuarios presenta características diferentes al funcionamiento habitual de una red social abierta. La legislación también contempla excepciones para determinados servicios educativos, enciclopedias digitales y proyectos tecnológicos con finalidades específicas.
No solo se limita a las plataformas digitales
La nueva regulación francesa no se limita al acceso a las plataformas sociales. También amplía sus restricciones sobre teléfonos móviles dentro de los centros educativos. La prohibición llegará a los institutos, siguiendo medidas que Francia ya había aplicado en etapas educativas anteriores. No obstante, cada centro podrá establecer determinadas excepciones mediante su normativa interna. El objetivo busca reducir distracciones y favorecer espacios educativos con menor dependencia de los dispositivos digitales.
Uno de los puntos más delicados será demostrar la edad real de cada usuario. Una simple declaración de fecha de nacimiento resulta insuficiente, porque cualquier menor puede introducir información falsa. Los sistemas más avanzados pueden recurrir a terceros verificadores, documentos oficiales o métodos de estimación de edad. Sin embargo, estas soluciones plantean dudas relacionadas con la privacidad y el tratamiento de información personal. Además, cualquier sistema deberá dificultar que los menores esquiven los controles mediante cuentas falsas u otros métodos. La eficacia de la ley dependerá, en buena medida, de cómo se resuelva este problema técnico.
Un precedente para otros miembros de la UE
La iniciativa francesa ha abierto un precedente dentro de la comunidad europea hacia una mayor protección de los menores en los entornos digitales. En el ambito internacional, Australia abrió ya había registrado un sistema similar con restricciones dirigidas a usuarios menores de 16 años. Ahora, el movimiento francés puede acelerar iniciativas similares dentro de Europa. La Unión Europea también analiza nuevas fórmulas para establecer un acceso más gradual de los menores a determinadas plataformas digitales. El debate supera la simple cuestión de fijar una edad mínima ya que también incluye aspectos como privacidad, contenidos perjudiciales, diseño adictivo, publicidad personalizada y protección frente al contacto con desconocidos.
Dentro de España, desde La Moncloa el pasado 7 de julio se anunció que se estudia imitiar esta regulación, y prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Bajo esta línea, al igual que en el país vecino, se plantea exigir a las plataformas sistemas efectivos de verificación de edad. La propuesta del gobierno español también va más allá de fijar una edad mínima. El Ejecutivo propone reforzar la responsabilidad de las plataformas y sus directivos ante determinados contenidos ilícitos, además de introducir mayores obligaciones relacionadas con los algoritmos y la protección de menores. En este sentido, la Administración de Pedro Sánchez defiende que esta cuestión avance hacia una regulación coordinada dentro de la Unión Europea.
