En el segundo trimestre de 2024, la Comunidad de Madrid registró 257 embargos sobre viviendas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos embargos forman parte de un total de 881 ejecuciones sobre diferentes tipos de fincas en la región, que incluyen tanto propiedades urbanas como rústicas.
A nivel nacional, los embargos sobre viviendas habituales han disminuido un 17,5% en comparación con el mismo periodo de 2023, continuando una tendencia a la baja que ya lleva nueve trimestres consecutivos. Sin embargo, el total de embargos sobre fincas ha aumentado un 3,3%, reflejando una ligera subida en las ejecuciones sobre propiedades no residenciales.
Distribución de embargos en Madrid
En la Comunidad de Madrid, la mayoría de los embargos afectaron propiedades urbanas. De las 257 viviendas embargadas, 223 pertenecían a personas físicas y 34 a empresas. La mayor parte de las viviendas embargadas eran de segunda mano, con un total de 239, mientras que solo 18 eran de nueva construcción.
Impacto en el mercado inmobiliario
El aumento de las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas, incluyendo viviendas, solares y otro tipo de propiedades, resalta la importancia de monitorear las fluctuaciones en el mercado inmobiliario en Madrid. Esta situación refleja las dificultades económicas que aún enfrentan algunas familias y empresas, a pesar de la tendencia a la baja en los embargos de viviendas.
Comparativa nacional
A nivel nacional, las comunidades autónomas con mayor número de embargos fueron Cataluña, Andalucía y Madrid, mientras que las que presentaron las cifras más bajas fueron La Rioja, Navarra y Extremadura. El mayor porcentaje de ejecuciones hipotecarias sigue afectando a las hipotecas constituidas entre 2004 y 2008, lo que sugiere que muchas familias aún se están recuperando de los efectos de la crisis financiera de aquella época.
En conclusión este escenario refuerza la necesidad de seguir de cerca las dinámicas del mercado inmobiliario, así como de implementar medidas para proteger a las personas en riesgo de perder sus viviendas debido a ejecuciones hipotecarias.
