Madrid destina 10,8 millones para reforzar la seguridad de 50.000 inmuebles de vivienda social y proteger a cerca de 100.000 residentes. La inversión busca prevenir ocupaciones ilegales y evitar daños en el parque público.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido la adjudicación del nuevo contrato de vigilancia, con una duración inicial de 24 meses. El acuerdo podrá prorrogarse hasta 2030.
La medida afecta al patrimonio gestionado por la Agencia de Vivienda Social, responsable del parque público autonómico.
Protección para 50.000 inmuebles en 119 municipios
El dispositivo cubrirá 50.000 activos distribuidos por toda la región. Entre ellos figuran 25.000 viviendas ubicadas en 119 municipios.
En estos inmuebles residen aproximadamente 100.000 madrileños. Muchos pertenecen a colectivos con recursos limitados o situaciones de vulnerabilidad.
Además de pisos, el contrato incluye la vigilancia de locales comerciales, garajes, parcelas y centros de atención ciudadana.
La actuación pretende blindar el patrimonio público y ofrecer mayor tranquilidad a los inquilinos. La protección no se limitará a la presencia física de vigilantes.
Cómo será el refuerzo de la seguridad
El plan combina vigilancia presencial con medidas tecnológicas disuasorias. Esta estrategia busca anticiparse a posibles ocupaciones y reducir riesgos.
Entre las herramientas previstas se encuentran sistemas de alarma y control de accesos. También se instalarán puertas antiocupación en inmuebles vacíos o sensibles.
La combinación de personal y tecnología permitirá una respuesta más rápida ante incidentes. Además, se pretende minimizar actos vandálicos y daños estructurales.
El Ejecutivo regional enmarca la inversión dentro de su política de protección del parque público. La prioridad es garantizar estabilidad a las familias residentes.
Refuerzo normativo contra la ocupación ilegal
La inversión económica se complementa con cambios regulatorios. La Comunidad tramita un nuevo Reglamento de Vivienda con medidas adicionales.
El texto establece que quienes hayan sido condenados por allanamiento o usurpación no podrán acceder a vivienda protegida durante cinco años. El plazo comenzará tras sentencia firme.
La normativa se encuentra en fase de audiencia e información pública. Su aprobación está prevista para el mes de julio.
Con esta reforma, el Gobierno autonómico pretende endurecer las condiciones de acceso y proteger el destino social del parque público.
Más de 2.100 nuevas viviendas sociales en marcha
La estrategia no se limita a la seguridad. También contempla la ampliación del parque público durante la legislatura actual.
El Ejecutivo regional prevé construir más de 2.100 nuevas viviendas sociales. Cerca de 1.200 ya están en fase de edificación.
Las promociones avanzan en municipios como Majadahonda, Móstoles, Rivas Vaciamadrid, Valdemoro, Villa del Prado y Madrid capital.
Con estas actuaciones, la región busca ampliar la oferta disponible y responder a la demanda creciente de vivienda asequible.
Inversión en seguridad y crecimiento del parque público
La decisión de reforzar la vigilancia responde a una doble necesidad. Por un lado, proteger el patrimonio público frente a ocupaciones ilegales.
Por otro, ofrecer mayor seguridad a las familias que ya residen en viviendas sociales. La combinación de inversión económica y cambios normativos marca una línea clara de actuación.
El refuerzo de la seguridad y la construcción de nuevas promociones dibujan una estrategia integral. El objetivo final es garantizar vivienda protegida estable y segura en toda la región.
